Prohibido olvidar

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Los venezolanos demostraron de forma masiva el domingo pasado al presidente Nicolás Maduro que no es posible solucionar el desastre económico e institucional que vive el país si no es mediante una solución dialogada que pase por el respeto a la legalidad. Que más de 7,5 millones de personas vencieran el miedo a la violencia y volvieran a convertir las calles en una manifestación contra el régimen es una señal clara del momento que se atraviesa. La oposición a Maduro anunció la creación de un gobierno paralelo de Unidad Nacional y una huelga general que se está celebrando en el día de hoy y que está paralizando el país

Desgraciadamente hay que contabilizar otras dos víctimas mortales que cayeron cerca de un centro de votación por disparos de escuadrones paramilitares. Estos operan habitualmente en el entorno del chavismo. Las dos personas fallecidas acercan a 100 el número de muertos desde que comenzaran las protestas diarias contra Maduro y su gobierno por su decisión de convocar elecciones para crear una asamblea que, dado el sistema de candidaturas y de designación, sería completamente dócil al gobernante chavista y acabaría de una forma definitiva con cualquier atisbo de democracia.

Mientras tanto, es una alegría haber conocido que un centenar de congresistas colombianos y chilenos han presentado esta semana ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.  El Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El escrito, dirigido a la fiscal Fatou Bensouda, se basa en informes de organismos internacionales, entre los que se encuentran algunas agencias de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes de varias ONG e información oficial de la propia Venezuela. Dicho informe aporta pruebas que acusan al sucesor de Hugo Chávez de haber sido partícipe de graves violaciones al derecho internacional a partir de 2008, cuando era ministro de Exteriores del gobierno de Hugo Chávez. Se le atribuye también la comisión de crímenes de derecho internacional más concretos, desde que fue elegido en 2013. La iniciativa ha sido respaldada por representantes de formaciones de distintos colores políticos y busca que la Fiscalía de La Haya abra en primer lugar, una observación en Venezuela. Venezuela firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI.

Las acusaciones que formula la denuncia son ocho:  En primer lugar, el crimen de asesinato por instigación directa e indirecta: “Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al gobierno venezolano”.  En segundo lugar, los denunciantes le imputan una “imposición de ciertas condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, con la intención de causar la destrucción de parte de una población”. Un delito que califican como exterminio y que entienden “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.

En tercer lugar, deportación o traslado forzoso de población, llegando a utilizar la fuerza física o a través de amenazas. Los otros cargos recogidos en el escrito de 56 páginas, sin incluir los documentos aportados para la prueba, son encarcelación de opositores; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, en referencia a los críticos con el chavismo; desaparición forzada de personas e incluso el crimen de apartheid, es decir, actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión contra una parte de la población.

La crisis institucional y humanitaria que atraviesa el país, se recrudeció cuando el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a finales de marzo de forma arbitraria y propia de una dictadura que es lo que se ha convertido prácticamente ya Venezuela, las competencias del Parlamento, de mayoría opositora. Ese parlamento fue fruto de la última ocasión en que se ejerció la democracia en Venezuela. Esa decisión originó una ola de protestas que aún no se ha detenido. En los últimos tres meses y medio han fallecido alrededor de cien personas, ha aumentado la presión de la comunidad internacional, el chavismo está dividido, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en un símbolo de la resistencia al Gobierno. Pero Maduro no está dispuesto a renunciar a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, convocadas para el 30 de julio con unas reglas del juego arbitrarias que, ideadas y organizadas por la inteligencia cubana, favorecen al oficialismo. Todo lo que sucede en Venezuela tienen origen e inteligencia en La Habana. Y Venezuela se convertirá en otra Cuba sino se detiene a su todavía presidente.

Los hechos que están ocurriendo en Venezuela espero que obliguen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a poner a Venezuela en observación. El segundo objetivo es que la fiscalía pueda abrir una investigación formal a Nicolás Maduro. Los Gobiernos de América Latina se han quedado en las formas de condena multilaterales, pero ninguno ha realizado ninguna acción para acabar con la situación, de hecho, algunos países han apoyado a Maduro, véase Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina durante el gobierno de los Kirchner, o Ecuador.

Hay que hacerle saber a Maduro que, si sigue adelante, su régimen sufrirá sanciones internacionales. No debe ser el pueblo venezolano el único que pague los platos rotos. Como dijo recientemente en Madrid el cantante y político panameño Rubén Blades, ¡Venezuela no olvidará!

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